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Nuestro sistema económico es deficiente y de baja productividad. Es un sistema que castiga a las empresas, a los trabajadores, a los consumidores y a los comerciantes.
El perverso sistema impositivo se queda con cerca del 40% de la riqueza producida por los argentinos. Recaudación que no se traduce en una buena seguridad pública, un eficiente sistema de salud o un alto nivel educativo.
La falta de empleo, la desigual distribución de los ingresos, el hacinamiento urbano, la falta de viviendas, el reducido mercado interno, la falta de competitividad, tos bolsones de pobreza, la especulación con la tierra y las crisis que cíclicamente padecemos son algunos de los resultados de la desequilibrada economía nacional.
Nuestro sistema jurídico castiga a las empresas y protege a la corrupción pública. Premia la especulación y favorece la destrucción de la cultura del trabajo. No permite construir un orden económico para todos. Ha creado infinidad de barreras que impiden el acceso a los factores de producción, al comercio internacional y a una equitativa distribución de la riqueza.
Ha llegado la hora de levantar esas barreras. Es el momento de comenzar a confiar en la gente y de revisar el pensamiento económico dominante.